DÍA NACIONAL POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA
El 24 de marzo fue establecido por Ley de la Nación N° 25633, en el año 2002, diciendo: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976″.
A las 3.40 horas, el 24 de marzo de 1976, se difundió la proclama firmada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y del brigadier Orlando Agosti anunciando el inicio del Proceso de Reorganización Nacional.
El helicóptero que transportaba a la Presidenta María Estela Martínez de Perón hacia la residencia de Olivos fue desviado al Aeroparque Metropolitano en donde el general Villareal, el contralmirante Santamaría y el brigadier Lami Dozo, le informaron que había cesado en su cargo por decisión de las Fuerzas Armadas. Desde allí, fue llevada detenida al Mesidor que era una residencia perteneciente a la gobernación de Neuquén.
Ese día comenzó con la detención de dirigentes sindicales y de delegados estudiantiles; los sectores más combativos del Movimiento Obrero eran diezmados y sus dirigentes desaparecían mientras que los dirigentes ortodoxos eran detenidos y encarcelados. La Dictadura no hacía distinciones entre líneas internas del peronismo: todos eran “subversivos”.
Las primeras medidas de gobierno, fueron: la declaración de caducidad de los mandatos de las autoridades constitucionales en el orden nacional, provincial y municipal; la disolución del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales y de los consejos comunales; la remoción de los miembros de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores, la disolución de los Partidos Políticos, la intervención de la CGT y la CGE, la disolución de las 62 Organizaciones. Quedaba conculcado el derecho de huelga, la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de prensa, de juicio; se comunicaba por radio y televisión que “será severamente reprimida toda manifestación callejera”, que “todas las fuentes de producción y lugares de trabajo estatales y privados, a partir de la fecha, serán considerados de interés militar”, que la población se abstuviera de transitar por la vía pública en horas de la noche a fin de facilitar la acción de las Fuerzas Armadas. A los cinco días, el Poder Ejecutivo dictó la Ley de Prescindibilidad para la administración pública, interviniendo doce sindicatos, entre ellos FOETRA, UOM, SMATA y SUPE. Los dirigentes sindicales que no renunciaban eran acusados de estar involucrados en actos terroristas y juzgados bajo el Régimen de Consejos de Guerra Especiales
El Congreso fue reemplazado por una Comisión de Asesoramiento Legislativo, integrada por tres oficiales superiores de cada Arma: los nueve militares serían, en adelante, los que dictarían las leyes de la Nación. El plan económico: disminución del salario real y desmantelamiento del aparato productivo, la devaluación del peso y el aumento del 30% de los combustibles.
El 23 de junio la Junta Militar dictó el “Acta de Responsabilidad Institucional” que la facultaba para juzgar a toda persona que la Junta considerara pertinente, como María Estela Martínez de Perón, (Presidenta de la Nación) Jorge Taiana (Ministro de Educación), Oscar Bidegain (Gobernador de la provincia de Buenos Aires), Esteban Righi (Ministro del Interior), José B. Gelbard (Ministro de Economía), Ricardo Obregón Cano (Gobernador de Córdoba), Lorenzo Miguel (Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica), Casildo Herreras (Secretario General de la Confederación General del Trabajo), Carlos Menem (Gobernador de La Rioja), Carlos Rukauf (Ministro de Trabajo) y Héctor J. Cámpora (Presidente de la Nación).
La represión crecía y en el mes de septiembre, la Comisión de Asesoramiento Legislativo promulgó la Ley Nº 21400 sobre paros obreros que penaba con 6 años de prisión al que participara en una huelga y con 10 años a los instigadores.
El gobierno encarceló y asesinó a miles de argentinos y esta vez agregó un horror mayor: secuestró familias enteras apropiándose de los hijos y se los robó sustituyendo su identidad.
En lugar de detener a las personas legalmente, las hacían desaparecer. Como si no fuera suficiente, perseguían y asesinaban a los familiares de los detenidos y también les robaban sus bienes.
Las madres de los desaparecidos comenzaron a reconocerse entre ellas al encontrarse en los mismos lugares: Ministerios, Comisarías, Juzgados, tratando de averiguar el paradero de sus hijos. Algunas buscaban a sus hijos casados que habían sido llevados con sus nietos o a hijas embarazadas.
Ellas aún hoy, a veces con éxito, buscan a los hijos de sus hijos y después de más de cuarenta años, siguen sin una respuesta. Ningún gobierno democrático logró romper el pacto de silencio de los secuestradores.
El Instituto Nacional Juan Domingo Perón, a 46 años de ese día fatal, adhiere a la expresión del deseo de todos: ¡NUNCA MÁS!
Lorenzo Pepe.