El 13 de noviembre de 1956, a escasos dos meses del Golpe de Estado autoproclamado Revolución Libertadora, un golpe interno termina con la Presidencia de facto del general Lonardi que había dicho “Ni vencedores ni vencidos” y asume un nuevo Presidente: el general Pedro Eugenio de Aramburu.
Recrudece la represión con la decisión de terminar con el Peronismo definitivamente y el 5 de marzo de 1956 se sanciona el ya famoso Decreto Ley 4161 que autorizaba a encarcelar a los que tuvieran una foto de Perón o de Evita en su casa, a los que cantaran la Marcha Peronista y a todo elemento identificatorio del Movimiento Peronista hasta el extremo de utilizar los nombres de Perón y Evita.
Cuando los periódicos se referían al general Perón le decían “el tirano prófugo” o “el tirano depuesto”. (Con respecto a este último eufemismo, es bueno recordar que el escritor Don Leopoldo Marechal se decía a sí mismo “el poeta depuesto” ya que por su peronismo insobornable había desaparecido de todas las librerías, sus libros jamás eran comentados y lo habían convertido en un poeta fantasma.).
En nombre del “4161” cantidades de compañeros y compañeras poblaron las cárceles de nuestro país. Este Decreto iba a ser determinante para dar el golpe final, creían los gobernantes y terminar con el recuerdo amoroso de Perón y Evita y de la década más feliz que hubiera vivido el pueblo argentino.
Toda la represión se llevaba adelante en nombre de la libertad. No lo lograron.
DECRETO-LEY 4161/56
Visto:
el Decreto 3855/55 por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas [el
Partido Peronista Masculino y el Partido Peronista Femenino], en virtud de su desempeño y su vocación liberticida, y
Considerando:
Que en su existencia política el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para lo cual creó imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas.
Que dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen para éste una afrenta que es imprescindible borrar, porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre los argentinos.
Que en el campo internacional también afecta el prestigio de nuestro país, porque esas doctrinas y denominaciones simbólicas adoptadas por el régimen depuesto, tuvieron el triste mérito de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por grandes dictaduras de este siglo, que el régimen depuesto consiguió parangonar.
Que tales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos instrumentos o de otros análogos, y esas mismas razones imponen también la prohibición de su uso al ámbito de las marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron registradas con fines publicitarios, y donde su conservación no se justifica, atento al amplio campo que la fantasía brinda para la elección de insignias mercantiles.
Por ello, el presidente provisional de la Nación Argentina [por entonces el general Pedro Eugenio Aramburu], en ejercicio del Poder Legislativo, decreta con fuerza de ley:
Art. 1º
Queda prohibida en todo el territorio de la nación:
a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o la propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter, o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura P, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales Marcha de los muchachos peronistas y Evita capitana, o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa, o fragmentos de los mismos.
b) La utilización, por las personas y con los fines establecidos en el inciso anterior, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter, o pudieran ser tenidas por alguien como tales, creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo.
c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el inciso a) mediante cualquier procedimiento, de las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los dos incisos anteriores.
Art. 2º
Las disposiciones del presente decreto-ley se declaran de orden público, y en consecuencia no podrá alegrarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos.
Caducan las marcas de industria, comercio y agricultura, y las denominaciones comerciales o anexas, que consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incisos a) y b) del Artículo 1º.Los Ministerios respectivos dispondrán las medidas conducentes a la cancelación de tales registros.
Art. 3º
El que infrinja el presente decreto-ley será penado:
a) Con prisión de treinta días a seis años, y multa de m$n 500,- a m$n 1.000.000,-
b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial;
c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, con clausura definitiva, cuando se trate de empresas comerciales. Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución.
Art. 4º
Las sanciones del presente decreto-ley serán refrendadas por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación [el almirante Isaac Rojas] y por todos los señores ministros secretarios de Estado en acuerdo general.
Art. 5º
Comuníquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional, y archívese.
ARAMBURU -Rojas – Busso – Podestá Costa – Landaburu – Migone – Dell´Oro Maini – Martínez – Ygartúa – Mendiondo – Bonnet – Blanco – Mercier – Alsogaray – Llamazares – Alizón García – Ossorio Arana – Hartung – Krause
