El 3 de septiembre de 1946, el gobierno del general Perón nacionalizó la Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata, filial de International Telephone and Telegraph Corporation, que monopolizaba el servicio telefónico argentino. Un primer paso para nacionalización de los teléfonos, que finalmente se realizó en 1948. En la ocasión, el presidente Perón brindó el siguiente mensaje.
El servicio telegráfico-telefónico es esencial en la economía de las naciones y en la defensa del organismo nacional. Constituye el verdadero sistema nervioso de este organismo. Era un anacronismo, incompatible con el sentimiento de la soberanía nacional y con el grado de adelanto a que ha llegado el ahorro interno, que parte de este sistema nervioso no perteneciera a la Nación Argentina. Solo el Estado ha de regir su economía y su defensa, y las ha de regir con medios propios y utilizando instrumentos de su exclusiva y absoluta propiedad. Este es un postulado de la Revolución que ha recogido para vigorizarlo su primer gobierno constitucional.
Al inaugurar las sesiones del Honorable Congreso expresé que en el caso particular de las empresas de servicios públicos, la general adhesión a la política de recuperación, incluso de los adversarios de ampliar los dominios y funciones del Estado es neto exponente de un sincero sentimiento de plenitud nacional que a nadie puede herir ni sorprender. Esto es, en verdad, el auténtico y sano nacionalismo que siempre debe ser obra constructiva y nunca actividades negativas. Ningún país ni ninguna empresa deben sentirse, por consiguiente, ni heridas ni sorprendidas. La argentinización de la economía sigue su curso y nadie podrá detenerla ya.
En reiteradas ocasiones, en épocas pasadas, administraciones y partidos políticos han auspiciado la nacionalización de los servicios públicos, y estos proyectos han comprendido, como es lógico, la nacionalización de los teléfonos. Mucho es lo que se ha proyectado y muy poco lo que se ha hecho en este sentido, no obstante el franco auspicio de la opinión pública. Se programaron innumerables y complicados proyectos, pero cada nuevo estudio, en lugar de significar un nuevo paso hacia su realización, fue una traba más.
He dicho muchas veces, y lo he repetido al prestar el juramento constitucional, que “más que buenos proyectos, necesitamos decididos realizadores”. Nunca he creído que el gobierno de un país pudiese hacer sobre la base de promesas y meras divagaciones académicas. A la realidad de los hechos debe contestarse con la rotunda afirmación de una medida contundente. No es posible promover la expansión industrial y comercial de la Argentina en el grado máximo a que aspira mi gobierno sin disponer de un adecuado sistema de comunicaciones. Ocupa un lugar de excepción en el sistema de comunicaciones el servicio telefónico, lo mismo para garantizar la estabilidad y progreso de la economía nacional que para defender los intereses fundamentales del país. Por su vinculación con los otros servicios de comunicaciones, el servicio de teléfonos está llamado a tener en la posguerra una mayor gravitación. Me inducían, pues, a perseguir el feliz resultado a que hemos llegado en el acto de hoy no solo el principio general de recuperación de los servicios públicos esenciales, que paulatinamente se llevará a cabo en el tiempo, y a medida que aconsejan las posibilidades del Estado, las necesidades nacionales y la mayor armonía en el desarrollo del plan de gobierno que se proyecta, sino, además, en este caso especial, las características progresistas y las perspectivas inmejorables de este servicio público en particular.
El convenio que ad referéndum del Congreso hoy se firma inicia el desarrollo de esta política. Si bien el Gobierno aspira a la nacionalización de los teléfonos, no la quería a cualquier precio. La quería a cambio de una suma razonable; no solo inferir al valor de los materiales en la actualidad, sino también inferir a lo que esos materiales costaban hace un lustro.
Quería también que el Estado, al hacerse cargo de los servicios, sin haber formado y sin poder improvisar, de la noche a la mañana, equipos de expertos, no fuese un factor de perturbaciones ni de ineficacia de los mismos. Quería que todos los adelantos que en el día de mañana se incorporen al servicio de teléfonos, en cualquier nación del mundo, los tenga inmediatamente la Argentina, por participación legal en las respectivas patentes de invención. Quería, mediante contratos adicionales, que nunca el servicio de teléfonos careciese de los elementos e instrumentos técnicos indispensables para extender la red telefónica argentina a la medida de las necesidades de su industria, de su comercio, de su administración y de su defensa. No me halagaba la nacionalización a cualquier precio y de cualquier manera. Y sobre todo, no quería nuevos proyectos, sino realidades efectivas. La ceremonia que vosotros veis, señores, y en la que estamos participando, prueba que mi gobierno no ha logrado lo que, para beneficio exclusivo del país, quería, y que esto no es un proyecto más, sino una bella realidad.
La sensibilidad argentina, como manifesté en el mensaje leído al inaugurar las sesiones del H. Congreso, se halla predispuesta favorablemente hacia los capitales y las técnicas extranjeras. Esa misma sensibilidad, no obstante su indeclinable afán de recuperar los servicios públicos esenciales, no admitiría una injusticia, una desconsideración hacia los capitales extranjeros que tuvieron fe en el país cuando no se había formado aún el ahorro nacional ni hacia las empresas y los hombres que prestaron servicios reales a la Argentina, que fueron colaboradores de su marcha en el camino del progreso al dar los pasos iniciales, que suelen ser los más difíciles. Mi gobierno tenía que incorporar el servicio de teléfonos, progresista y estatal, al sistema nacional de comunicaciones, con sus inmensos beneficios para la colectividad, con su seguridad plena para el Estado y, también, dispensando el trato más altruista, propio de la nunca desmentida hidalguía nacional, a la empresa permisionaria, vieja amiga del país.
Me complazco en destacar que el señor coronel Behn, presidente de la Corporación Internacional Telefónica y Telegráfica, y el señor Arnolds, presidente de la misma corporación para Sudamérica, han puesto toda su excelente voluntad para allanar las múltiples dificultades que se oponían al éxito final de la negociación. Han demostrado, por consiguiente, ser buenos amigos de la Argentina.
Mi gobierno ha realizado el camino más beneficioso para el país, sin lesión alguna para la empresa. Le pagaremos a esa empresa lo menos posible, porque no estoy defendiendo mi dinero, sino el dinero de mi pueblo, pero sin cometer por ello ningún abuso de poder, ninguna injusticia, porque así, con lealtad, es también como procede el pueblo argentino.
La Unión Telefónica ha progresado desde su condición de entidad que prestaba servicios en un limitado campo de actividad hasta llegar a ocupar una posición desde la cual ofrece, por medio de sus redes propias y las de otras compañías, así como por intermedio de las estaciones radioeléctricas del Estado, un servicio que abarca todo el país y se extiende más allá de las fronteras nacionales hasta los más alejados rincones del mundo. La magnitud de los bienes que se incorporan hoy al patrimonio nacional y la importancia de esos bienes, son índice elocuente de la evolución alcanzada por la economía de la Nación.